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VI. ¿El poder apud acta es válido ante la Corte Constitucional?
El registro de poderes apud-acta no es válido para los procedimientos ante la Corte Constitucional porque no es parte del poder judicial ni pertenece a la administración de justicia.
Los poderes registrados tendrán una vigencia máxima de 5 años a partir de la fecha de registro.
Vigencia de un apoderado apud acta Telemático Apud Acta
Los apoderados registrados tendrán una vigencia máxima determinada de 5 años desde la fecha de registro. El poderdante puede revocar o prorrogar el poder, teniendo la prórroga el mismo período de vigencia. En caso de que desee realizar el trámite con anticipación, le recomendamos que hable con el Decano del tribunal (o el abogado de la administración de justicia del tribunal). Así, puede autorizar y otorgar derechos de representación legal a un abogado oa un abogado en el marco de un juicio.
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TEXTO ORIGINAL
En el marco del procedimiento establecido en el artículo 258 del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino de España, en relación con el mercado, al entender que el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el baremo de honorarios de los abogados, contraviene el derecho de la Unión Europea y , en particular, que dichas tarifas pueden ser consideradas como una restricción, tanto en el sentido del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a la libertad de establecimiento, como en el del artículo 56, relativo a la libre prestación servicios, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra g) y el artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Más concretamente, de conformidad con los artículos 15, 16 y 25 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, y los artículos 49 y 56 de la Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sólo podrán establecerse tarifas mínimas para el desarrollo de una actividad cuando la medida esté justificada, porque responda a razones imperativas de interés general y en la medida en que sea suficiente para garantizar la consecución del objetivo fijado. ] persigue y no excede lo necesario para lograr este objetivo.